Según la Dirección General De Los Registros y el Notariado corresponde al consumidor que suscribe el préstamo el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

 Nos detenemos hoy en la noticia que publica la web “Noticias Jurídicas”, relacionada con los gastos inherentes a la formalización de los préstamos hioptecarios.
  Atentamente: Notaría Muñoz-Cuesta, en Sueca
Tras la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, que consideró como cláusulas abusivas aquéllas que imponían al consumidor el pago de determinados gastos que debía asumir la entidad prestamista, han sido innumerables las demandas interpuestas contra entidades bancarias -y continúan interponiéndose- solicitando la devolución de los gastos, que en justicia, correspondía al banco abonar.
Uno de los gastos que más dudas están generando se refiere al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), pues parece que la jurisprudencia civil está siendo contradictoria en sus sentencias ¿Corresponde su pago al consumidor o al banco? ¿Quién es el sujeto pasivo en la operación gravada con el tributo?

Una resolución dictada por la DGRN el pasado 24 de mayo examina el recurso gubernativo interpuesto por la entidad bancaria contra la calificación de un registrador de la propiedad -que también examina ahora la licitud de la cláusula de gastos- y concluye que debía revocarse la suspensión. A su juicio, el IADJ corresponde al prestatario, pues a tenor de legislación fiscal es él el sujeto pasivo del tributo.

Antecedentes – suspensión de la inscripción

En 2016 dos personas físicas suscribieron un préstamo hipotecario a favor de la entidad Liberbank, S.A. El préstamo estaba destinado a la financiación de la vivienda habitual de los prestatarios, personas físicas consumidores.

Presentada telemáticamente la escritura de préstamo en el registro de propiedad, el registrador decidió la suspensión de alguna de las cláusulas, en concreto la que indica que los gastos de notaría, registro, IAJD, gestoría, costas procesales y honorarios de abogado y procurador correspondían al prestatario. El Registrador suspende su inscripción al considerar que se trataba de cláusulas abusivas, al conllevar para el consumidor un desequilibrio importante.

Interpuesto recurso gubernativo por la representación de Liberbank, el registrador mantuvo su calificación.

La cláusula controvertida indicaba que corrían de parte de la parte prestataria los «siguientes gastos futuros o pendientes de pago:

a) Gastos de tasación y comprobación registral del inmueble hipotecado realizados con carácter previo a la firma de la escritura;

b) Aranceles notariales y registrales relativos a la formalización del préstamo y constitución (incluidos los de la expedición de la primera copia de la presente escritura para la entidad y en su caso, los derivados de los documentos acreditativos de las disposiciones), modificación o cancelación de la hipoteca, incluidas las comisiones y gastos derivados del otorgamiento de la carta de pago;

c) Impuestos devengados por esta operación, salvo en el caso de préstamos formalizados en consumidores, en los que se excluirán los impuestos que por ley resulte sujeto pasivo la entidad;

d) Gastos de gestoría por la tramitación de la escritura ante el Registro de la Propiedad y la oficina liquidadora de impuestos;

e) Los derivados de la conservación y seguro de daños del inmueble hipotecado;

f) Los derivados del seguro de vida de la parte prestataria, caso de que se hubiere pactado la obligación de contratarlo para obtener el préstamo en las presentes condiciones;

g) Gastos de correo, según las tarifas oficiales aplicables en cada momento, y

h) Cualquier otro gasto que corresponda a la efectiva prestación de un servicio, relacionado con el préstamo, que no sea inherente a la actividad de la entidad dirigida a la concesión o administración del préstamo».

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados – El sujeto pasivo es el prestatario

En relación a los impuestos devengado por la operación del préstamo que se repercuten al prestatario, se indica en la cláusula controvertida que serán abonados por su parte, salvo los que «por ley resulte sujeto pasivo la entidad crediticia».

A este respecto la DGRN hace mención a la sentencia dictada por el TS el 25 de noviembre de 2011 y la posterior STS de 23 de diciembre de 2015 , que calificó como cláusulas abusivas y por tanto nulas las estipulaciones impongan al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario».

La Ley del ITP y AJD (artículo 29) dispone que será sujeto pasivo del impuesto por el concepto tributario de Actos Jurídicos Documentados «el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan». Esto significa que la entidad prestataria no queda al margen e los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho (en cuanto adquirente del derecho real de hipoteca que es lo que verdaderamente se inscribe) y, en todo caso, porque las copias autorizadas se expiden a su instancia y es la principal interesada en la inscripción de la garantía hipotecaria.

Sin embargo lo dicho, la Dirección General indica que es reiterada doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que NO corresponde a la jurisdicción civil conocer sobre la aplicabilidad o la procedencia de un impuesto , quién es el sujeto pasivo, su base imponible o el tipo aplicable, concurriendo en este punto una falta de jurisdicción.

Por tanto, en lo que se refiere al sujeto pasivo del IAJD, según el artículo 68 del Reglamento del Impuesto (RD 828/1995) es «el adquirente del bien o derecho y en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquéllos en cuyo interés se expidan», añadiendo en su párrafo segundo que «cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario», lo que lleva a concluir que también por el concepto de Actos Jurídicos Documentados, el sujeto pasivo es el prestatario. (SSTS 19 nov. 2001, 24 jun. 2002, ó 27 de marzo de 2006, entre otras).

Este criterio de que conforme a la legislación fiscal el sujeto pasivo es el prestatario (porque el «derecho» es el préstamo mismo, aunque se encuentre garantizado con hipoteca), ha sido seguido con posterioridad por diversas Salas civiles de Audiencias Provinciales, como la AP de Madrid de 9 de junio de 2016 o la AP de Oviedo de 25 de noviembre de 2016.

Por último se indica que el Pleno del TC ha dictado un Auto, de 18 de enero de 2005 (ATC 24/2005, de 18 de enero) por el que se resolvió negativamente la posible inconstitucionalidad del artículo 68.2.º del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, declarando, entre otras cosas, que «es una opción de política legislativa válida desde el punto de vista constitucional que el sujeto pasivo de la modalidad de “actos jurídicos documentados” lo sea el mismo que se erige como sujeto pasivo del negocio jurídico principal (en el impuesto sobre el valor añadido o en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

En consecuencia con ello, la DGRN en este punto concluye que la redacción de la letra c) de la cláusula no adolece de ambigüedad, pues corresponde el pago del impuesto al prestatario, por ser sujeto pasivo del mismo. Se inclina por “la legalidad y no abusividad de la cláusula” según indica.

Gastos pre procesales, procesales u otros derivados del incumplimiento de pago

A este respecto, la DGRN comienza indicando que la tan mencionada STS de 23 de diciembre de 2015 indicó que los gastos derivados del proceso estaban sometidos a una estricta regulación legal y que se fundan en el principio del vencimiento como regla general; en cuanto a la ejecución, las costas se imponen al ejecutado, pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se aprecie algún defectos procesal no subsanable o no subsanado en el plazo concedido al efecto.

Por tanto, la atribución al prestatario de las costas procesales comportaría su nulidad, al igual que la imputación al cliente-prestatario de los honorarios de abogado y aranceles del procurador de la entidad prestamista al contravenir el artículo 32.5 LEC.

Sin embargo, y en esto se le da la razón al banco, en ningún punto de la cláusula controvertida se hace referencia a la atribución al cliente de ninguno de los gastos procesales que el registrador menciona. Por tanto, también se revoca la calificación registral en este punto.

Concluye la DGRN señalando que, aun concurriendo todos los presupuestos de aplicación de la normativa de consumidores, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación en cuanto a los extremos recurridos.

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Homenaje del Poder Judicial a 14 víctimas del terrorismo del ámbito de la justicia

 Como profesionales del Derecho, queremos aprovechar estas líneas para sumarnos al merecido homenaje que  se rinde hoy a los juristas que han sido víctimas del terrorismo en España.

Notaría Muñoz-Cuesta, en Sueca

El Poder Judicial rinde homenaje hoy lunes, durante un acto que se celebrará en el Tribunal Supremo, a los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y otros servidores de la Justicia que han sido víctimas del terrorismo en España.

Durante el acto de reconocimiento a 14 víctimas de ETA y los GRAPO está prevista la presencia del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

En el acto se reconocerá a un total de catorce personas asesinadas o heridas por las bandas terroristas GRAPO y ETA entre 1978 y 2001 –jueces y magistrados, fiscales, escoltas y conductores– “por el hecho de servir a los ciudadanos a través de su trabajo en Juzgados y Tribunales o por acompañarles en su quehacer diario”.

A continuación tendrá lugar un acto ‘in memoriam’ en el Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo durante el que intervendrán además de los presidentes del TS y el TC, el ministro y Maza el hijo del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador, asesinado por ETA en 1997, Rafael Martínez Die. Además, se proyectará un vídeo con imágenes de los homenajeados que han sido cedidas por sus familiares.

Los homenajeados

La relación de servidores de la Justicia que han sido víctimas del terrorismo en España es la siguiente: Javier Jáuregui Barnaola, juez de paz de Lemoa (asesinado el 8/7/1978); José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 16/11/1978); Miguel Cruz Cuenca, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 9/1/1979); Vicente Goñi Larumbe, magistrado de Trabajo (sufrió un atentado frustrado el 18/1/1979); Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional (asesinada el 13/9/1989) y Fernando Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional (herido el 27/2/1990).

A ellos se suman Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992 (asesinado el 14/2/1996); José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt, magistrado de la Audiencia Nacional (herido el 12/6/1996); Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 10/2/1997); Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (asesinado el 9/10/2000); José Francisco Querol Lombardero, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 30/10/2000); Jesús Escudero García, escolta (asesinado el 30/10/2000); Armando Medina Sánchez, conductor (asesinado el 30/10/2000) y José María Lidón Corbi, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia (asesinado el 7/11/2001).

El acto comenzará a las seis de la tarde en que se realizará el recibimiento a los familiares de las víctimas en la antigua Audiencia Provincial para un posterior descubrimiento de la placa homenaje en el vestíbulo del Tribunal Supremo. A continuación, tendrá lugar un acto “in memorian” en el Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo que finalizará una hora más tarde con la despedidas de las autoridades a familiares e invitados al acto.

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Hay responsabilidad patrimonial de la Administración aún cuando el accidente sea por exceso de velocidad

Interesante sentencia de la que se hace eco la página web de contenido jurídico “http://www.economistjurist.es/actualidad-juridica”.

Atentamente:

Notaria Muñoz-Cuesta, en Sueca

En el caso enjuiciado, aunque el conductor concurrió a la producción del siniestro por exceso de velocidad, el atestado demuestra que el mal estado del asfalto y la falta de señalización por deslizamientos provocaron el siniestro, del que responderá la Administración.

Así pués, resulta acreditado que en la producción del accidente, concurrió, por una parte la propia conducta del conductor del vehículo, que circulaba a velocidad excesiva e inadecuada para las condiciones de la vía y la circunstancia de que ésta estaba mojada por la lluvia, y, por otra parte, la del propio estado del firme, que era deslizante, sin señalización de esa circunstancia, con pavimento desgastado.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el accidente se produjo cinco días antes del que se realizase un nuevo asfaltado con capa antideslizante, sin que ese día existiese señalización advirtiendo de que se trataba de un tramo deslizante y el mismo día se produjo otro accidente, en el mismo lugar, por salida de otro vehículo.

En consecuancia, la Audiencia Nacional concluye  que el título de imputación de responsabilidad a la Administración demandada, en que se fundamenta la pretensión indemnizatoria deducida en el recurso planteado, está debidamente justificado, siendo adecuado el porcentaje del 50% en que se cuantifica la reclamación, respecto de la cantidad total abonada por la compañía aseguradora del vehículo.

Puede leer el texto completo de la sentencia en http://www.casosreales.com Marginal 70367570

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