El ICAV y la Diputación de Valencia apuestan por la mediación

 Interesante artículo del que nos hacemos eco publicado hoy en “ElDerecho.com” Cabe destacar que el Colegio Notarial de Valencia constituyó en marzo del año 2013 la Fundación “Solutio Litis”, cuyo fin fundamental es promover el arbitraje, la mediación judicial y la resolución de conflictos.

Atentamente:

Notaria Muñoz-Cuesta, en Sueca

 El Colegio de Abogados de Valencia ha renovado el convenio que mantiene con la Diputación de Valencia para la prestación de servicios en materia de mediación familiar, asesoramiento jurídico e intermediación sobre préstamos y arrendamientos, así como en cláusulas suelo.

El objetivo de la renovación de este convenio de colaboración, según palabras del Decano Rafael Bonmatí, es “seguir ofreciendo la Mediación como una vía de resolución de conflictos extrajudicial que permite descongestionar los juzgados y de esa forma poder ofrecer un servicio de mayor calidad a los ciudadanos”.

Se trata de un convenio en funcionamiento desde 2013, que permite a los vecinos de los municipios participantes la posibilidad de recibir apoyo en cuestiones relacionadas con temas hipotecarios y situaciones de conflicto o discrepancias en el ámbito familiar. Los letrados formados en estos ámbitos ofrecen sus conocimientos jurídicos, sus habilidades mediadoras y de negociación para facilitar soluciones útiles y viables que ayuden a la ciudadanía a superar de forma positiva estas problemáticas.

A estas situaciones dificultosas, que todavía persisten, se han unido nuevas cuestiones relacionadas con la solicitud de constitución de gastos de hipoteca, cláusulas suelo y otras materias, que también pueden estar sujetas a su estudio y valoración en el marco de la asistencia y asesoramiento que ofrece el convenio.

En un acto en la sede de la Diputación de Valencia, representantes de los colegios de Alzira y Sueca, además del ICAV, han firmado la renovación del convenio, que supone que “cualquier ciudadano de cualquier municipio de la provincia tenga los mismos servicios que los demás”, según el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Bonmatí. Por su parte, Antonio Llacer, decano del Colegio de Abogados de Alzira, ha asegurado que “es provechoso que estos convenios se mantengan en vigencia y que los ciudadanos se sientan cercanos a la Diputación”, a lo que Josep Eduard Ramón, tesorero del Colegio de Abogados de Sueca, ha añadido que se espera que “el servicio de mediación vaya a más”.

Asistencias durante 2016

El ICAV realizó un total de 2.050 asistencias a lo largo del año 2016. En palabras del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez “estas asistencias pueden ser útiles tanto en la relación con los bancos como en evitar llegar a contenciosos cuando se trata de mediación familiar”.

A través de este convenio, se trata de dar respuesta a la dramática situación de las personas que no pueden atender las obligaciones contraídas con los bancos, así como prestar asistencia en cuestiones familiares. Los municipios que están adheridos a estos convenios son Carlet, Catarroja, Gandia, Llíria, Massamagrell, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Torrent, Xàtiva, Alzira y Sueca.

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La CE lleva a España ante el TJUE por no incorporar la normativa de la UE en materia de créditos hipotecarios

 Adjuntamos la noticia que publica hoy “El derecho.com” sobre el mercado hipotecario, por si resulta de su interés.

Atentamente:

Notaría Muñoz-Cuesta, en Sueca

Los Estados miembros debían incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios el 21 de marzo de 2016 a más tardar. Croacia, Chipre, Portugal y España aún no han cumplido esta obligación.

La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) aspira a crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con el objetivo de proteger a los consumidores. Entre sus principales disposiciones destacan las normas de conducta para los proveedores, incluida la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria, así como un pasaporte de la UE para los intermediarios de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen.

La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos.

Aviso en 2015

En mayo de 2015, la Comisión Europea instó formalmente a Croacia, Chipre, Portugal y España a incorporar la Directiva. Desde entonces, los Estados miembros afectados no han cumplido el dictamen motivado de la Comisión.

Para cualquier cuestión no duden en contactar con la notaría Muñoz-Cuesta, En Sueca

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Guipúzcoa ajusta su impuesto de plusvalía a la sentencia del TC

 Seguimos con el Impuesto de Plusvalía Municipal, pues todo apunta a posibles cambios normativos a no mucho tardar, y evidentemente tiene un impacto muy importante en relación a la transmisión de inmuebles. Reproducimos un artículo publicado recientemente en “Noticias Juridicas”.

Atentamente:

 Notaría Muñoz-Cuesta, en Sueca.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido acomodar, mediante el Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo , su regulación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a lo establecido en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 26/2017, de 16 de febrero , que declaró inconstitucionales y nulos los artículos 4.1 , 4.2.a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, reguladora de ese impuesto, en la medida en que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor.

Los supuestos de no incremento del valor y el principio de capacidad económica

La sentencia del Alto Tribunal estableció que el tratamiento que la Norma Foral 16/1989 otorgaba a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carecía de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se estaban sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradecía frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 de la Constitución. De esta manera, los preceptos enjuiciados debían ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no habían previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

Solución jurídica de urgencia

El decreto foral-norma da respuesta normativa de urgencia a los efectos de la sentencia, sin perjuicio de establecer más adelante una opción normativa más sosegada en la determinación del sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas resultantes de las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos.

Para ello aprueba una regulación en virtud de la cual no se someterán a gravamen los no incrementos ni las disminuciones del valor de los terrenos, de tal forma que al quedar este tipo de operaciones al margen del impuesto, no será necesario proceder al cálculo de la base imponible en estos casos. Con ello, los artículos 4.1 , 4.2.a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio , sólo resultarán de aplicación a los casos en los que exista un incremento del valor de los terrenos y, por tanto, su contenido sea constitucional, cumpliendo así con el fallo de la sentencia.

Diferencia entre los valores de transmisión y adquisición

Con el fin de conocer si existe o no un incremento de valor la norma utiliza un sistema objetivo, de fácil aplicación para los ayuntamientos, como es la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición. El empleo de este método permitirá determinar con certeza la existencia o no de un incremento de valor. Y dado que dichos valores pueden no desglosar la parte del valor correspondiente a los terrenos, resulta necesario establecer una regla que permita diferenciar dicho valor, aplicando la parte proporcional del valor del suelo con respecto al valor catastral. Por lo demás, no se modifica el cálculo de la base imponible del impuesto, en tanto que el Tribunal lo admite en casos en los que exista un incremento del valor del suelo.

Obligaciones formales

En los supuestos en que no exista incremento de valor de los terrenos se mantendrá, en todo caso, la obligación de presentar la declaración regulada en el artículo 7 de la Norma Foral 16/1989, de 5 julio .

Entrada en vigor y régimen transitorio: recursos de reposición pendientes

El decreto foral-norma entró en vigor el 31 de marzo de 2017, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y surtirá efectos desde el 25 de marzo de 2017, fecha de publicación de la STC 26/2017 en el Boletín Oficial del Estado.

La norma regula el régimen transitorio aplicable. A las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana correspondientes a devengos anteriores a 25 de marzo de 2017 que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha fecha, no les resultará de aplicación el decreto foral-norma. Sí será aplicable, sin embargo, a las liquidaciones practicadas a partir de esa fecha, correspondientes a devengos anteriores a la misma, siempre que con anterioridad a ella no se hubiese dictado liquidación que hubiera alcanzado firmeza correspondiente a dichos devengos.

Los recursos de reposición pendientes de resolución a 25 de marzo de 2017 se resolverán teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo único del decreto foral-norma. El Tribunal Económico-Administrativo Foral y los Tribunales Económico-Administrativos Municipales remitirán a los ayuntamientos los expedientes pendientes de resolución referidos a devengos anteriores al 25 de marzo de 2017, para que practiquen, en su caso, nuevas liquidaciones teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto foral-norma.

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