La justicia también tumba el impuesto de plusvalía al vender casas con ganancias

  Es evidente que el Impuesto Municipal de Plusvalía debe ser objeto de una profunda modificación, y en este sentido se dirige el interesante artículo que publica hoy Juande Portillo en “Cinco Días”, y que reproducimos.

Atentamente, Notaría Muñoz-Cuesta, en Sueca

El impuesto de plusvalía se ha convertido en un quebradero de cabeza para los municipios españoles desde que en mayo el Tribunal Constitucional anulara varios de sus artículos rechazando que la tasa, ideada para gravar las ganancias obtenidas por la apreciación de los terrenos, se pueda aplicar cuando los ciudadanos venden un inmueble incurriendo en pérdidas. Más allá, sin embargo, los tribunales han comenzado a tumbar el cobro de este impuesto por un error generalizado en el cálculo realizado por los municipios, lo que invalida también su aplicación incluso cuando atañe a una venta cerrada con plusvalías.

El error radica en la fórmula que vienen aplicando los ayuntamientos. Según establece el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, la base imponible del impuesto de plusvalía municipal debe determinarse a partir del valor del bien y con un porcentaje de incremento, fijado en las ordenanzas locales, para estimar la apreciación registrada durante los años que lo ha tenido su último propietario.

Sin embargo, los ayuntamientos se limitan a multiplicar esta variable por el último valor catastral disponible, lo que arroja un cálculo sobre el incremento de valor que tendrá el bien en el futuro, no una estimación de lo que se ha revalorizado durante su tenencia. Es decir, si un vecino adquirió una vivienda en 2007 y la vende ahora, el cálculo de la plusvalía que se realiza con el valor catastral de 2017 arroja una estimación de su evolución en los próximos 10 años, no una evaluación de su variación en la última década.

Son ya varios los juzgados que han señalado este error de cálculo, incluyendo varios tribunales superiores de justicia. El propio Tribunal Supremo rechazó en junio el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cuenca contra un vecino que, bajo el argumento del error de cálculo, había logrado anular la liquidación de plusvalías que se le había impuesto, como reconoció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad.

“Es evidente, que si el incremento que se ha de someter a tributación es el de los años de posesión o disfrute del bien, (y no el del futuro), la fórmula que se aplica por el Ayuntamiento para fijar la base no puede considerarse ajustada a derecho”, falló hace cosa de un año un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid contra el cálculo de la tasa en Pozuelo de Alarcón. A la misma conclusión han llegado también el Tribunal Superior de Justicia de Valencia o el de Albacete.

“Los ayuntamientos calculan mal la base imponible, siempre a su favor y cobran al contribuyente hasta un 37,5% más del importe debido. Cada vez más sentencias así lo recogen”, explican desde Reclamador.es. Esta plataforma digital de servicios legales viene facilitando a los interesados un canal para pleitear y el cálculo matemático de un peritoque demuestra las incorrecciones de la actual fórmula aplicada para cobrar el impuesto.

“El error de cálculo en la plusvalía afecta a todos los contribuyentes de este impuesto”, aseveran los abogados de la firma, explicando que los vecinos tienen hasta dos años para reclamar lo abonado si han hecho una autoliquidación, como es habitual en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. En aquellos ayuntamientos que realizan la liquidación, el contribuyente tiene solo un mes para reclamar, advierten.

Teniendo en cuenta estos factores, y el hecho de que en los últimos 48 meses se han recaudado 10,63 millones de euros en aplicación del impuesto de plusvalías a 5,14 millones de transacciones, desde Reclamador.es estiman que los municipios han podido llegar a cobrar indebidamente 3.016 millones de euros que los vecinos todavía pueden reclamar.

Esta situación, unida al demoledor dictamen del Tribunal Constitución que anuló varios de los artículos de la norma, prometen marcar el rediseño de un impuesto que Hacienda y los municipios buscan rediseñar hoy para seguir cobrándolo sin que los jueces tengan ya motivos para impedirlo.

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Un auto niega al banco la deuda de un crédito titulizado

Interesante noticia la que publica hoy “El Economista.es”, máxime sin tenemos en cuenta que muchas de las ejecuciones extrajudiciales traen causa de créditos cedidos a fondos de titulización.

Atentamente:

Notaría Muñoz-Cuesta, en Sueca

La cascada de resoluciones judiciales contra las prácticas abusivas de entidades bancarias en préstamos hipotecarios suma un nuevo pronunciamiento, que rompe con la jurisprudencia precedente en el ámbito de los derechos de ejecución en el caso de créditos titulizados. La Audiencia Provincial de Castellón niega, en un auto de 19 de octubre de 2017, a una entidad financiera la posibilidad de interponer una demanda de ejecución hipotecaria contra un cliente porque había cedido el crédito a un fondo de titulización, en un auto contra el que no cabe recurso.

El magistrado Marco Cos, ponente del auto, rechaza el recurso interpuesto por la entidad bancaria y confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 9, que rechazó la demanda de ejecución hipotecaria del banco contra el cliente, al que reclamaba 142.770 euros más intereses y costas por un préstamo firmado en julio de 2007. El juzgado entendió que la entidad ejecutante, a pesar de que es titular registral de la garantía hipotecaria, “carece de legitimación activa”, al haber cedido el crédito a otra mercantil, Europea de Titulización, -lo que supone, según la Audiencia, que lo vendió y cobró por ello-.

En este sentido, considera que la reclamación por impago ha de hacerla la sociedad gestora representante del fondo de titulización, al que se cedió el crédito. “Tanto el derecho principal de crédito, como el de garantía hipotecaria han pasado a ser ostentados por el Fondo de Titulización, representado legalmente por la Sociedad Gestora que lo constituyó y puede extinguirlo”, señala el auto.

Ruptura de criterio

Otras Audiencias Provinciales habían seguido, hasta ahora, una línea jurisprudencial por la que admitían la legitimación del banco prestamista, en base a un Real Decreto. En este sentido se han pronunciado las Audiencias de Madrid, Valencia, Barcelona, Tarragona, Girona y Zaragoza, entre otras, que defienden que, “pese a la titulización, la entidad financiera cedente ostenta la legitimación activa para interponer la demanda de ejecución hipotecaria”.

Frente a ello, la Sección Tercera de Castellón sostiene que, si bien el Real Decreto “no ha sido derogado, se trata de una norma reglamentaria, de rango inferior a las leyes formales que fundan la legitimación de la sociedad gestora”.

Además, explica que la Ley Hipotecaria, tras su reforma, recoge que “podrá inscribir en el Registro de la Propiedad el dominio y los demás derechos reales sobre los bienes inmuebles pertenecientes a los fondos de titulización”.

En este punto se apoya, de hecho, el voto particular del magistrado Vives Reus. El juez considera que, al ser la entidad financiera “quien tiene inscrita en el Registro de la Propiedad la garantía real, y no el Fondo de Titulización, debe concluirse que la entidad apelante se halla legitimada para el ejercicio de la acción hipotecaria”.

Ante esta diferencia de criterios, la Sección Tercera señala que, “aunque los anteriores razonamientos dan lugar a la desestimación del recurso, la existencia de dudas jurídicas serias derivadas de la normativa existente y de la existencia entre los tribunales de apelación de un criterio mayoritario distinto al que aquí se mantiene justifica que no hagamos expresa imposición de las costas de la apelación”. Sí declara “la pérdida de la cantidad consignada como depósito para recurrir”, al desestimar el recurso.

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LA EJECUCIÓN DE VIVIENDA TENDRÁ EN CUENTA EL RIESGO DE EXCLUSIÓN

Nos hacemos eco de una interesante noticia que avanza Javier Gil Pecharromán en “El Economismta.es”.

Para cualquier cuestión no dude en contactar con la Notaria Muñoz-Cuesta, en Sueca

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que actualmente prepara el Ministerio de Justicia, pretende llevar a la ejecución la revisión de las políticas sociales respecto de las personas en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad.

Además, extenderá a la ejecución provisional el tratamiento, en materia de costas, al vencido que cumple voluntariamente, como elemento de equilibrio entre las partes.

La reforma permitirá mejorar las facultades del juez en orden a la obtención de determinadas pruebas, la fijación de límites a la demanda de información así como medidas de garantía de la confidencialidad y del catálogo de consecuencias derivadas de la negativa a facilitarla. La reforma busca resolver, con amplitud y perspectiva de futuro.

El Departamento que dirige Rafael Catalá prevé incluir la aportación a los procesos de medios de prueba registrados en cualquier soporte o instrumento electrónico o digital, de acuerdo con el avance de la tecnología de cada momento.

Hasta el próximo 17 de noviembre de 2017 se mantendrá abierto el plazo de consulta previa a la elaboración del anteproyecto de ley, sobre el que se prevé que incorporará un nuevo caso de diligencia preliminar de contenido amplio, que permita acceder a información contenida en determinados documentos que no están a disposición de quien pretende demandar.

Diligencias preliminares

Con ello, considera Justicia, que se podría corregir alguna interpretación de los tribunales que seguían considerando a las diligencias preliminares como un numerus clausus, originando posibles situaciones de indefensión cuando el demandante no puede acceder a los datos que permiten sustentarla adecuadamente.

Desde el punto de vista de las comunicaciones, el objetivo es la generalización progresiva y segura del uso de las Comunicaciones Electrónicas y, al tiempo, la mejora del régimen de actos de comunicación, clarificando el recurso a la notificación edictal, -que se modernizaría de forma acorde con el uso de las nuevas tecnologías-, al establecer normas en cuanto a los cambios de domicilios y notificaciones.

En materia de contratación con consumidores se busca promover las políticas de buenas prácticas empresariales, basadas en incentivar respuestas eficaces a las quejas y reclamaciones de los consumidores, que eviten en la medida de lo posible el recurso sistemático a la vía judicial, como alternativa de respuesta a un conflicto de consumo.

Desde la perspectiva de la mediación, es una realidad que en los países europeos, como el nuestro, en los que la transposición de la directiva en la materia no introdujo medidas incentivadoras, el despegue de este mecanismo alternativo de resolución de disputas ha sido limitado. Por ello, la reforma se orienta a introducir estos incentivos, que se consideren adecuados, para aproximar a los ciudadanos a la institución de la mediación y favorecer su desarrollo, considerando las ventajas que entraña tanto para las partes -por el menor tiempo y coste de solución del conflicto- como para la Administración de Justicia -por la reducción de los niveles de litigiosidad-.

En orden a la agilización y mejora de la efectividad de la ejecución, Justicia pretende la reducción de los costes de los depósitos judiciales de bienes sujetos a contratos de los que deriva la obligación de entrega inmediata así como la puesta a disposición de los mismos de sus propietarios reclamantes.

Por otra parte, se persigue la mejora en los mecanismos de realización y de bienes acudiendo en la medida de lo posible a las posibilidades que ofrece la evolución tecnológica.

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