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NOTARIA DE JAIME CUESTA LÓPEZ, EN SUECA

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El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación

Reproduzco este interesante artículo que publica la web “Noticias Jurídicas”, acerca de la mediación extrajudicial, sobre la que está muy volcado el Colegio de Notarios de Valencia a través de la fundación “Solutio Litis”

Notaria de Jaime Cuesta López, en Sueca

El Gobierno, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. Con esta nueva norma se pretende la implantación definitiva de la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes. El impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.

La nueva regulación supera el modelo de mediación actualmente vigente basado en su carácter exclusivamente voluntario por el denominado de ‘obligatoriedad mitigada’ que obliga a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias. Esta sesión será conducida por un mediador y estará dirigida a explorar tanto el asunto objeto de controversia como el posicionamiento inicial de las partes, que recibirán información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y costes. En la mediación no se requiere abogado ni procurador y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial.

Esta mediación extrajudicial se concibe, por lo tanto, como un trámite necesario para acceder a la vía judicial pero no supone una obligación de someterse a un proceso completo de mediación o consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio.

Las materias que pueden ser objeto de mediación se enmarcan en los ámbitos civil y mercantil y se caracterizan por responder a conflictos surgidos de relaciones personales o comerciales sostenidas en el tiempo. Así, será necesario intentar la mediación antes de acudir a la vía judicial en los siguientes tipos de acciones:

a) Medidas que se adopten con ocasión de la declaración de nulidad del matrimonio, separación, divorcio o las relativas a la guardia y custodia de los hijos menores, alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores (salvo que hubiera sido instruido con carácter previo un procedimiento por un delito relacionado con la violencia de género);

b) Responsabilidad por negligencia profesional;

c) Sucesiones;

d) División judicial de patrimonios;

e) Conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las sociedades mercantiles;

f) Reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual que no traigan causa de un hecho de la circulación (protegidos por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor);

g) Alimentos entre parientes;

h) Propiedad horizontal y comunidades de bienes;

I) Derechos reales sobre cosa ajena;

j) Contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes y servicios siempre que hayan sido objeto de negociación individual;

k) Reclamaciones de cantidades inferiores a 2.000 euros entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de consumo (protegidos por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios);

l) Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra;

m) Protección de los derechos al honor, intimidad o la propia imagen;

n) Procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario.

En lo relativo al procedimiento de mediación extrajudicial en sí mismo, se deja a iniciativa del demandante la tarea de proponer al mediador y se articula un mecanismo transparente de designación si éste es rechazado por la parte contraria. En cuanto a los plazos, se fija un límite máximo de tres meses para el completo desarrollo del proceso de mediación durante los cuales quedan en suspenso los tiempos de prescripción y caducidad de las acciones.

Se establece también una mediación intrajudicial que tendrá lugar cuando el juez o tribunal, una vez analizado el caso, considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes, siempre que no se hubiera producido un intento de mediación con carácter previo al inicio del proceso. Se opta por no suspender el curso del proceso judicial.

El anteproyecto introduce, también, nuevas reglas en la condena en costas en caso de incumplimiento de la ‘obligación mitigada’ de mediación, de forma que las costas del proceso no beneficiarán a la parte que no haya acudido a un intento de mediación cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso.

Para actuar como mediador será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o en los registros habilitados a tal fin por las comunidades autónomas. Se apuesta por una mejor cualificación profesional del mediador en el ámbito del Derecho de familia al que se exigirá formación en igualdad y detección de violencia de género, de forma que, si iniciado el procedimiento observa indicios de delito de violencia de género, ponga fin al mismo. En el plazo de un año desde la publicación de la ley se prevé la modificación de los planes formativos del grado en Derecho así como de otros grados afines para incluir la asignatura de mediación como obligatoria.

Se contempla, finalmente, la creación de una Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación en España que deberá elaborar un informe analizando el impacto de la aplicación de las nuevas medidas en los cinco años siguientes a la aplicación de la ley.

El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación introduce reformas en tres normas: la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para incorporar la mediación entre sus servicios. Entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.

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¿Con la vía del RDL de modificación del TRITPAJD existe alguna posibilidad de reclamación de ingresos indebidos en los ejercicios no prescritos?

Interesantes reflexiones del experto en temas tributarios y anterior Inspector de Hacienda Javier Pérez-Fadón, que  responde a las dudas que se plantean tras la promulgación del RDL que establece que el IAJD de los préstamos hipotecarios sea abonado por los bancos.

Lo publica la revista: “Diariolaley”.

Atentamente:

Notaría de Jaime Cuesta López, en Sueca

En mi opinión, una vez que se promulgue el RDL, será difícil para los particulares reclamar retroactivamente los importes satisfechos por la cuota gradual de documentos notariales de actos jurídicos documentados del ITPAJD, puesto que hasta las tres primeras sentencias estaba claro que el obligado tributario era el prestatario y el exiguo periodo que estuvo vigente la jurisprudencia contraria y su revocación por el mismo TS, tampoco, abonan la posibilidad de recurrir que se pueda solicitar la modificación de la autoliquidación y la devolución del tributo, sobre todo, ante las Administraciones Autonómicas.

Según lo anterior, no creo que existan posibilidades viables para reclamar, salvo que en el RDL se establezcan efectos temporales específicos que abran esta posibilidad, que podrían a su vez ser objeto de recurso por considerar que vulnerarían la prohibición de retroactividad que el artículo 9 de la Constitución establece de la siguiente forma: «…la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales,…»

No creo que se puedan lograr resultados por otros medios, como se expone en algunos artículos como, por quienes se encuentren en procedimientos judiciales intentar que se plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea respecto a la adecuación de esta exigencia del gravamen al Derecho de la Unión Europea en materia de protección a los consumidores. Tampoco me parece que, en los casos directamente afectados por las nuevas sentencias, aun no publicadas, del Pleno del TS, quepa impugnarlas, con base en el derecho al juez natural y luego acudir al Tribunal Constitucional.

¿Cómo piensas que va a evolucionar la normativa autonómica para adaptarse a la figura del nuevo sujeto pasivo “entidad financiera prestamista”?

Sobre este extremo, hay que distinguir entre las CCAA de régimen foral de las CCAA de régimen común. Las primeras, según el Concierto Económico con el País Vasco y el Convenio Económico con Navarra, deben armonizar sus normativas tributarias a las del Estado, por lo que deberán regular el sujeto pasivo de la cuota gradual de forma similar a la del Estado (Artículo 2, apartados segundo y tercero del Concierto, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y Artículo 2-1a) de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra).

Respecto a las segundas, al no tener competencias normativas sobre el sujeto pasivo de la cuota gradual, no tienen que hacer cambios por la modificación que introduzca el RDL (Artículo 49. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias).

Definitivamente, ¿este Real Decreto-ley pone fin a las reclamaciones por la vía civil entendiendo el impuesto como cláusula abusiva?

Según mi criterio, debiera de ponerse fin a dicha cuestión desde la promulgación del RDL. Respecto a los supuestos anteriores ya he comentado que veo difícil continuar con las reclamaciones, aunque algunas asociaciones y otras entidades y personas parecen que seguirán intentando llevar esta cuestión a la jurisdicción europea y, es muy posible, que lo consigan, en cuyo caso habrá que estar a lo que establezca el Tribunal de Luxemburgo sobre las situaciones anteriores al RDL.

Aprobado el RD-Ley, ¿repercutirán los bancos el impuesto a sus clientes? ¿Se tomarán las medidas oportunas en este RD-Ley para limitar este comportamiento?

Creo que desde el punto de vista económico lo harán de una u otra forma, hay que recordar que estamos en un Estado de libre mercado, solo, la propia inercia de la competitividad bancaria puede suavizar su traslado a los clientes —téngase en cuenta que repercusión fiscal no puede haber, solo, traslado económico del gravamen—.

Respecto a medidas legales para limitar estas conductas se habla de establecer una especie de «defensor del consumidor financiero», pero, difícilmente, podrá evitar que los diferenciales de los intereses y las comisiones legalmente establecidas, siempre que no sean usurarias, no se apliquen.

¿Acabará siendo juzgado el IAJD por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Habría que comenzar diciendo que ya en su día, se presentó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una cuestión prejudicial respecto a la compatibilidad de este tributo con el IVA, que tuvo una contestación rápida y negativa a dicha cuestión —podría incluso calificarse de respuesta inmediata del TJUE— que mediante Auto de fecha de 27 de noviembre de 2008 (Asunto C-151-08), contestó la cuestión interpuesta, desestimando la posición del TSJC de forma total y absoluta, por dos razones fundamentales: la falta de la nota de generalidad de la cuota gradual de documentos notariales de actos jurídicos documentados del ITP y AJD y el que no se exija esta cuota en un proceso de producción y distribución de bienes (Auto del TJUE que comenté en febrero de 2009 en Carta Tributaria).

Ahora, es más que probable que algún recurrente de los múltiples recursos judiciales consiga que se plantee por la vía de la posible vulneración de la normativa de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, pero referida, lógicamente a situaciones anteriores a la promulgación del RDL. Según algunos medios de comunicación, el recurrente, que ha dado lugar a las sentencias encontradas del TS en este asunto, ha manifestado su intención de explorar esta vía

 

 

 

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