Consejos legales antes de publicar las fotos de tus hijos en redes sociales

A nadie se le escapa que vivimos en la era de la comunicación, las redes sociales y las nuevas tecnologías, pero a veces se dan situaciones que pueden colisionar con nuestra intimidad y nuestra propia imagen, o la de nuestros hijos.

Reproduzco a continuación el interesantísimo artículo publicado por  Tania Pose en “El Derecho.com”, sobre la publicación de las fotos de menores en redes sociales.

Atentamente:

Notaría de Jaime Cuesta López, en Sueca

La Audiencia Provincial de Barcelona nos recordaba el año pasado que la publicación de fotografías de los menores de edad en redes sociales, requiere la autorización expresa o tácita de ambos padres. Y aunque ya ha pasado más de un año desde la publicación de dicha Sentencia, ahora que se terminan las vacaciones y volvemos a la rutina, parece que nos vemos impulsados a publicar recuerdos de ellas para que éstas permanezcan en nuestra memoria digital.

Para evitar posibles sustos, os recordamos los motivos por los que es necesario que ambos progenitores hayan autorizado que su hijo menor aparezca en cualquier tipo de publicación.

1.- Los menores también tienen derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.

La imagen, como el honor y la intimidad personal, constituyen un derecho fundamental de la persona, ya sea mayor o menor de edad, que se recoge en el artículo 18 de la Constitución. Este derecho se concreta en la facultad exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen, pudiendo en consecuencia, evitar o impedir la reproducción y su difusión, con independencia de cuál sea la finalidad de la misma.

En el caso de menores de edad, el principio fundamental que ha de regir a la hora de tomar cualquier decisión que les pueda afectar, por nimia que sea, es el de velar por su interés superior y su bienestar.

Por ello, y dado que hasta la mayoría de edad del hijo (o emancipación) no podrá prestar de forma válida su consentimiento, serán sus padres o sus representantes legales los que tengan que prestarlo por él, valorando en qué medida incide dicha publicación en su imagen personal, en su privacidad, y si en el futuro, puede o no resultarle cómoda.

2.- La publicación afecta a la patria potestad y no es una facultad exclusiva del titular de la guarda y custodia.

A pesar de lo que erróneamente se pueda pensar, la decisión de publicar fotos y videos de un menor en redes sociales no pertenece en exclusiva al titular de la guarda y custodia. Serán ambos progenitores en ejercicio conjunto de la patria potestad los que autoricen o prohíban dichas publicaciones, velando para que el interés del menor sea protegido.

Lo mismo ocurre si los progenitores están casados, continúan siendo pareja o tengan atribuida de forma compartida la guarda y custodia.

De hecho, el Tribunal Supremo señaló en otra ocasión que, en esta materia, es siempre necesaria la autorización previa -ya sea expresa o tácita- del otro progenitor y en ningún caso puede imperar la excepción prevista en el artículo 156 del Código Civil, según la cual: “Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad”.

3.- Consecuencias de no recabar el consentimiento previo del otro progenitor.

En el supuesto de que uno de los progenitores subiera de forma unilateral una fotografía o un vídeo del menor a redes sociales sin el consentimiento del otro, éste podrá interponer acciones legales, a fin de conseguir que se retiren las publicaciones, así como la prohibición expresa de volver a llevar a cabo este tipo de acciones.

El incumplimiento de dicha prohibición, así como las publicaciones que atenten contra el honor, reputación o la privacidad del menor, podrá dar lugar a la alteración del régimen de guarda y custodia establecido.

            4.- Conclusión

Nuestra recomendación desde ABA Abogadas es que ambos progenitores recaben de forma previa el consentimiento del otro antes de subir contenido del menor a internet, y que eviten una sobreexposición del mismo en redes sociales y cualquier otro medio.

No obstante, en temas de menores no existe una solución válida para todos los casos, sino que hay que analizar las circunstancias individuales de cada caso en concreto.

 

 

 

 

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Europa obliga a asegurar los vehículos aunque no se usen y permanezcan en lugares privados

  Aunque parezca una cuestión menor, reproduzco hoy un artículo publicado en “El Economista.es”, sobre un tema que preocupa a no pocas personas.

Quedamos a su disposición:

Notaría de Jaime Cuesta López, en Sueca (Valencia)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obliga a asegurar el vehículo aunque el propietario decida no usarlo y mantenerlo estacionado en un lugar privado. La sentencia, dictada hoy, obliga a contratar el seguro de responsabilidad civil pese a que no circule por vías públicas y exige que esté cubierto en cualquier caso si está matriculado en Europa y es apto para circular.

De este modo, el Tribunal de Luxemburgo establece que mientras el vehículo no se dé de baja en la Dirección General de Tráfico, o ante la autoridad competente en los demás Estados miembros de la UE, deberá permanecer asegurado. “Un automóvil que no se ha retirado legalmente de la circulación y que es apto para circular responde al concepto de vehículo“, señala el TJUE. “Por tanto, no deja de estar sujeto a la obligación de aseguramiento prevista en la normativa europea por la mera razón de que su propietario ya no tenga intención de conducirlo y lo inmovilice en un terreno privado”, añade.

La Primera Directiva europea relativa al seguro de responsabilidad civil del automóvil dispone que la responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio de los Estados miembros deberá estar cubierta mediante un seguro. La Segunda Directiva sobre la misma materia prevé la creación de un organismo que tenga por misión indemnizar los daños materiales o corporales causados en particular por un vehículo respecto del cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento. “Los Estados miembros pueden regular la liquidación de siniestros entre dicho organismo y el responsable del accidente y otros aseguradores u organismos de seguridad social obligados a indemnizar a las víctimas”, explica el Tribunal europeo.

Luxemburgo entiende que el organismo de indemnización tiene derecho a interponer recurso, además de contra el responsable o los responsables del accidente, contra la persona que, estando sujeta a la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil del automóvil respecto del vehículo que haya causado el accidente, no había suscrito ningún contrato a tal efecto, aun cuando dicha persona no sea civilmente responsable del accidente.

El fallo subraya que el legislador de la Unión ha querido preservar el derecho de los Estados miembros a regular los recursos del organismo de indemnización. Sin embargo, la sentencia europea reconoce que no ha armonizado los diferentes aspectos relativos a los recursos de dicho organismo -en particular la determinación del resto de personas que puedan ser objeto de tal recurso-, dado que estos aspectos son competencia del Derecho nacional de cada Estado miembro.

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IBI de bienes inmuebles considerados urbanos pero sin desarrollo urbanístico efectivo. Propuesta administrativa y judicial para acabar con esta situación

Reproduzco hoy un artículo que publica en la web “noticias jurídicas” Don Jose Miguel Ayllón Camacho, dado su innegable interés, y especialmente en Sueca, población en la que hay muchos inmuebles que se encuentran en una situación similar a la descrita.

Notaría de Jaime Cuesta López, en Sueca

Antecedentes

Existen en España decenas de miles de inmuebles clasificados como urbanos por los distintos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), pero que no cuentan con el mínimo desarrollo o urbanización.

A la vez que supuestamente se beneficiaban de tal cambio en su clasificación se propusieron por los ayuntamientos unas ponencias de valores de dichas fincas como si se tratara de bienes urbanos y, desde luego muy lejos del valor catastral que les correspondía como rústicas. Tales valores fueron aceptados y aprobados por las distintas Gerencias Territoriales del Catastro.

Durante algún tiempo, en algunos casos, dichos bienes estuvieron beneficiándose de bonificaciones y tipos reducidos pero, tras pasar unos años, aquellos valores catastrales se identificaron con las bases imponibles y liquidables del IBI y al tipo máximo que la ordenanza les permitía.

Como se comprenderá por lo que estoy diciendo esta situación ha de considerarse anormal, por estar fuera de la norma; e ilícita, por contradecirla. Sabido es que los valores catastrales deben de acomodarse a los de mercado (en realidad y por el Texto Refundido del Catastro Inmobiliario -TR- dichos valores deben no superar el 50% del valor de mercado, concepto recogido en la Orden de 14 de octubre de 1998 sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM, en relación al artículo 23.2 del TR).

El treinta de mayo de dosmilcatorce se dictó por el Tribunal Supremo sentencia, en recurso de casación por Interés de la Ley, recurso 2362/2013, Cendoj: 28079130022014100269, que desestimando el recurso planteado por el Abogado del Estado mantiene otra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por la que:

La Sala de instancia aceptó el motivo de la nulidad de la valoración por cuanto la finca, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz, era de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable, sin haberse iniciado el proceso de urbanización al no estar aprobado el instrumento de desarrollo.

En realidad y por lo que llevamos dicho la sentencia no es nada novedosa en cuanto a señalar lo disparatado de las valoraciones, simplemente pone de manifiesto una evidente corruptela, aunque lo hace desde la perspectiva de la Ley del Suelo. Tal vez lo novedoso sea calificar a efectos urbanísticos estas fincas como rústicas.

Con este motivo el Ejecutivo, es decir el Ministerio de Hacienda, propuso y las Cortes aprobaron un texto legal, la Ley 13/2015, de 24 de junio, por la cual entró en vigor la nueva redacción de la Disposición Transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, referida a los suelos que deben ser considerados no plenamente urbanos y en la actualidad tienen valoración urbana.

….A tales efectos los Ayuntamientos deberán suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los suelos que se encuentren afectados…

Pero esto se manda, a partir del primer procedimiento que se inicie de valoración colectiva. Lo mismo cabe decir en cuanto a los inmuebles que se consideren rústicos, para los que el Ministerio aprobará unos módulos y cuya aplicación se posterga al inicio de dicho procedimiento.

Problemática Administrativo-Procesal actual

Los particulares, sobre todo tras la sentencia citada y animados por las noticias que recogían los medios de comunicación, han iniciado reclamaciones ante los ayuntamientos pidiendo la nulidad de los recibos de IBI o Plusvalía e incluso pidiendo la devolución de los ingresos indebidos. La contestación de los ayuntamientos ha sido unánime: no van a anular los recibos y las liquidaciones porque no son competentes para fijar o establecer los valores catastrales. Éstos han de ser aprobados por las Gerencias Regiones del Catastro.

Y han seguido emitiendo IBIs y Plusvalías y cobrándo, si es el caso, por el procedimiento de apremio.

Los afectados pues han tenido que acudir a las diversas Gerencias catastrales reclamando revisión de las valoraciones de sus inmuebles. Las oficinas del Catastro se vienen demorado en contestar y cuando finalmente lo hacen mantienen, también unánimemente, que dichos valores catastrales son firmes administrativamente por no haber sido recurridos en el momento de su aprobación/notificación. Por lo que empresas y particulares han tenido que acudir los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales, quienes se pronunciarán. No tenemos acceso a las bases de datos de los diferentes Tribunales Económico Administrativos Regionales o Locales pero nos tememos que las resoluciones, que suelen demorarse más de tres años, y como viene siendo habitual desestimarán las reclamaciones. Se basarán para ello en la mencionada firmeza de las valoraciones.

Es posible reclamar IBI,s y Plusvalías directamente contra los ayuntamientos en base a su ilegalidad intrínseca; pero los ayuntamientos como decimos niegan su competencia y los juzgados C-A suelen darles la razón, con costas. Opción arriesgada, por tanto.

Podríamos entrar a estudiar estas contestaciones y su acomodo a la Ley, doctrina y jurisprudencia, así como a la consideración de las valoraciones como actos administrativos y, si tales valoraciones son susceptibles de ser atacadas coincidiendo con las notificaciones de los IBIs. También podríamos adentrarnos en la cuestión de si los Ayuntamientos son corresponsables en esta situación de ilegalidad e incumplimiento de la sentencia; pero es el caso que mi propuesta intenta saltar este escollo, va por otro lado en un intento de sortearlo.

Escollo de tal complejidad que los propietarios han tenido que acudir al Defensor del Pueblo para que les defienda frente a las administraciones implicadas. En la Recomendación de 25 de febrero de 2016, el Defensor del Pueblo concluye:

2. Establecer un procedimiento de regularización de oficio de la naturaleza de los suelos, de modo que los Ayuntamientos que no colaboren con la Dirección General del Catastro o no faciliten en los plazos solicitados la información requerida para la adecuada clasificación de su suelo, no eviten o demoren su adaptación a las modificaciones ya aprobadas.

Vemos que se pone énfasis en reprochar la inactividad municipal a la hora de resolver la cuestión. Por eso es preciso recordar lo expuesto a continuación.

Competencias municipales sobre regularización y valorización de valores catastrales y disminución del impacto fiscal de los IBIs y plusvalías municipales

Los ayuntamientos son competentes para fijar o revisar el valor catastral de un inmueble mediante propuestas a elevar a los Centros y Gerencias catastrales, mediante el inicio de procedimientos de valoración colectiva, aprovechando las regularizaciones acordadas por el Ministerio, etc… Todo ello viene regulado en diversos artículos del mencionado Texto Refundido (TR). El artículo 28.2, establece que el procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias, y manda a los Ayuntamiento que lo inicien cuando observen estas disparidades. Esto también es aplicable al procedimiento simplificado que establece el artículo 30 del TR.

Y, como digo, la Ley 13/2015, de 24 de junio, por la cual se aprobó la nueva redacción de la Disposición Transitoria séptima del TR, manda:

El cambio de naturaleza de los bienes inmuebles urbanos cuya clasificación no se corresponda con la letra b) del apartado 2 del artículo 7 en la redacción dada al mismo por la   Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, será de aplicación a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie con posterioridad a su entrada en vigor. A tales efectos los Ayuntamientos deberán suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los suelos que se encuentren afectados. Dicho procedimiento se ajustará a lo dispuesto en la letra g) del apartado 2 del artículo 30, con excepción de su efectividad, que tendrá lugar el 1 de enero del año en que se inicie dicho procedimiento.

Esto, en cuanto a la revisión de los valores catastrales de los bienes indebidamente valorados como urbanos, pero es de resaltar que los ayuntamientos también son competentes, dada su autonomía de gestión tributaria, de atemperar el IBI y demás impuestos municipales en situaciones injustas y de evidente desequilibrio tributario; así pueden aplicar módulos, tipos reducidos, reducciones de la Base Imponible, bonificaciones y exenciones a la hora de emitir los recibos y liquidaciones. Todo ello a fin de hacer disminuir la carga fiscal, también llamado impacto fiscal.

Sin embargo esta obligación no nace directamente de la Ley, ya lo advertimos; precisa una interpretación o análisis. No obstante citaremos algunos preceptos por los que los ayuntamientos pudieran ser conminados a aplicar esas bonificaciones o reducciones.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRHL), en cuanto al IBI, establece diversos mecanismos para reducir la carga fiscal. El artículo 67, 1, b) 3º, permite reducir potestativamente la base imponible (valor catastral) a aquellos inmuebles que sufran una alteración por procedimientos simplificados de valoración colectiva.

En cuanto al tipo de gravamen, el artículo 72 nos habla de un mínimo del 0,3 por ciento, si bien dicho tipo puede aún reducirse hasta el 0,1 % en bienes urbanos y hasta el 0,075%, en bienes rústicos, apartados 5 y 6. Y en su artículo 74 se nos habla de bonificaciones potestativas que pueden llegar hasta un 90% de la cuota íntegra, así:

1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos… que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio

Y

3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación.

En cuanto al Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía municipal que puedan generar estos terrenos, indebidamente considerados y valorados como urbanos, está más que en entredicho dicha posibilidad, sobre todo tras la Sentencia del Tribunal Constitucional en Pleno 59/2017, de 11 de mayo, que niega la posibilidad de generar plusvalía a terrenos que no aumenten su valor.

Y, desde luego, dada su autonomía de gestión, bien pudieran dejar en suspenso, no devengar o no liquidar unos impuestos pensados para gravar la riqueza urbana de suelos ahora considerados como rústicos. Es de recordar, en cuanto a la plusvalía municipal, el artículo 104, 2 del TRHL:

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

En cualquier caso, la mayoría de los Ayuntamientos se vienen negando a revalorizar o regularizar los valores catastrales de estas fincas no-urbanas, así como a aplicar reducciones o bonificaciones. La vía que propongo puede suponer una salida a esta situación, si bien advertir que puede usarse paralelamente a las vías mencionadas. No olvidemos que los Ayuntamientos están recibiendo presiones por parte de la Justicia, por no ser sumisos con la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, por parte del propio Ministerio de economía que les está exigiendo información de los polígonos afectados y, como vemos, hasta del Defensor del Pueblo.

Conclusiones: Denuncia de la inactividad

Mi propuesta parte de requerir a los ayuntamientos para que inicien la revisión catastral y/o informen a las administraciones competentes de los suelos que se hallan en situaciones anómalas, pues son ellos los competentes para hacerlo. Y, si no lo hacen, si se mantienen inactivos salvo para devengar y liquidar; si no comienzan dicho procedimiento simplificado de valoración colectiva, se les demanda por la figura procesal de la inactividad. Estrategia que de seguro ya habrá sido considerada por otros profesionales y expertos administrativistas o especialistas tributarios. Y que, insisto, es compatible con otras opciones.

Es de advertir que, a mi modo de ver, no sería preciso requerirles si previamente los ayuntamientos han estado sometidos a un proceso de regularización catastral, momento idóneo para revisar las valoraciones y acomodarlas al valor de mercado, o si han sido requeridos por las respectivas Gerencias Territoriales del Catastro para que informen. Pero claro esto los afectados no suelen conocerlo.

Y es bueno añadir en dicho requerimiento peticiones para que dejen en suspenso los IBIs y las liquidaciones de plusvalía que nazcan de la tenencia o transmisión de estos terrenos o, al menos, requerirles para que se aprueben ordenanzas donde se apliquen exenciones, bonificaciones, tipos reducidos, etc…

Así como ha de aprovecharse la ocasión para exigirles información de los procesos de regularización y del contenido de las informaciones remitidas a las Gerencias Territoriales del Catastro y advertirles de los daños y perjuicios que causan con su proceder o inactividad.

Pero veamos cómo hacerlo: el artículo 29 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece:

“1.- Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.”

Este es el caso. Es preciso por tanto requerirles por esa vía y citando el propio artículo y, ante el silencio de los ayuntamientos o ante resoluciones negativas, entablar recursos Contencioso-Administrativos. La competencia en este caso es de los Juzgados de lo Contencioso Administrativos, sin pasar antes por los Tribunales Económico-Administrativos. La estrategia tiene pues menos coste procesal al ser aplicable el procedimiento abreviado, estando además la inactividad exenta de la tasa judicial. Y además empieza con un mero requerimiento, que pueden iniciar los particulares y empresas bajándose el formulario; procedimiento que puede dar lugar a que los ayuntamientos rectifiquen e inicien el proceso revisorio. Ante posibles sentencias estimatorias de esta pretensión se podrán pedir daños y perjuicios causados, que fácilmente pueden coincidir con lo cobrado de más por IBI.

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