Evolución tecnológica del Notariado. La Plataforma de interconexión en la Ley de Crédito Inmobiliario

Reproducimos un artículo muy interesante publicado en “El Derecho.com”  acerca de la evolución tecnológica del Notariado en los últimos años.

Notaria de Jaime Cuesta López, en Sueca

Recientemente el Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha tuvo oportunidad de recibir a nuestro compañero Francisco Javier García Más, Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, quien pronunció una conferencia, extensa y amena, bajo el título “La evolución tecnológica del Notariado hasta la Ley de Crédito Inmobiliario”.

Naturalmente no faltó nivel de detalle ya que narra los hechos desde la autoridad que le confiere haber sido, más que testigo, agente activo de los primeros pasos del Notariado español en el terreno de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) materializados en la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, que en palabras del ponente “marca un hito esencial en la introducción de las nuevas tecnologías en la función notarial”.

Mirando en retrospectiva, el diseño de esta norma deja clara la necesidad de que todos los notarios estemos conectados por una red interna, independiente y alejada del tráfico general de internet. El objetivo no es otro que el propio de la función pública notarial: la seguridad jurídica preventiva, que solo puede garantizarse si las comunicaciones entre notarios y de éstos con las Administraciones Públicas y con otros funcionarios, tienen lugar por medio de una plataforma monitorizada y segura, denominada internamente SIGNO.

En cumplimiento del mandato legal, en 2002, nace el Instituto Notarial para las Tecnologías de la Información (INTI) y en 2006 altera su denominación, pasando a ser la Agencia Notarial de Certificación, conocida como ANCERT SL cuyo capital pertenece íntegramente al Consejo General del Notariado, corporación de Derecho Público que, reunida en pleno, es el socio único, llevando al órgano decisorio de la entidad la plena representación democrática de todos los Colegios Notariales.

Actualmente la estructura tecnológica del notariado es capaz de gestionar sin errores más de trece millones de firmas electrónicas anuales y unos treinta millones de sellos de tiempo, lo que permite mantener a cada notario conectado con los sistemas del Estado, Comunidades Autónomas, Municipios, Diputaciones Provinciales y también con registros de la Propiedad y Mercantiles y con entidades bancarias de muy distinto ámbito territorial.

Pero más allá de sus virtudes tecnológicas, la red notarial ha puesto de relieve el fenómeno de la capilaridad del Notariado. Tiene el mismo grado de implantación tecnológica una notaría de capital de provincia que otra situada en una población de unos pocos miles de habitantes, ofreciendo al ciudadano las mismas posibilidades con independencia de su proximidad a grandes núcleos urbanos y a todos los notarios las mismas herramientas para competir en igualdad de condiciones.

Ante ésta situación consolidada, el legislador decide apoyarse en las TIC como forma de proporcionar mayor seguridad a la contratación inmobiliaria, con ocasión de la trasposición de la Directiva Comunitaria 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014.

No es objeto de éste artículo entrar en la parte tecnológica de la plataforma a la que se refiere la Ley 5/2019 de 15 de marzo de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI). Se ha escrito mucho sobre ella y queda mucho por decir de aquí en adelante, con un capítulo especial que podremos abrir pronto acerca de los sellos de tiempo cualificados y su eficacia conforme a la normativa europea.

Ahora bien, aun cuando la ley parece referirse en todo caso a una comunicación directa entre la plataforma de cada banco y la plataforma notarial, muchas entidades bancarias no han desarrollado medios propios sino que han optado por la externalización, bien sea por interés particular, bien por falta de previsión, pero en todo caso se trata de una estructura que se interpone en la comunicación entre el banco y el notario.

Considerando las circunstancias de hecho y la aprobación relativamente imprevista de la Ley, en tiempo de descuento de la pasada legislatura, la DGRN, con buen criterio, ha establecido un período transitorio en el que convive la comunicación electrónica incipiente con una cierta libertad para la fijación del día de entrega de la documentación al notario. Así, mediante instrucción de 14 de junio de 2019 señala que “la acreditación fehaciente de la fecha puede lograrse mediante medios diversos” añadiendo una enumeración ejemplificativa y no cerrada que incluye tanto medios analógicos como electrónicos.

Pero pasado el período transitorio el sistema pasará a ser enteramente telemático y eso nos lleva a valorar las condiciones técnicas y jurídicas en relación con la plataforma notarial.

Según la LCCI (Art. 14.1.g in fine) la documentación precontractual “junto a la manifestación firmada por el prestatario, en la que declare que ha recibido la documentación y que le ha sido explicado su contenido, deberá remitirse (…) al notario elegido por el prestatario a los efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente. La remisión de la documentación se realizará por medios telemáticos seguros cuyas especificaciones se determinarán reglamentariamente”

En consecuencia, la exposición de motivos del Real Decreto 309/2019 remite a su capítulo IV “las especificidades y requisitos técnicos de los medios telemáticos que deberán emplearse para la remisión al notario de la documentación” añadiendo que la “regulación de los medios telemáticos permitirá que operen eficazmente los mecanismos previstos en la Ley (…) para garantizar la transparencia material”. Eleva así el cauce telemático a algo más que un mero canal de transmisión de datos.

Es obvio que, conforme al marco legal definido por la Ley 24/2001, la 5/2019 y el RD 309/2019, el sistema telemático corporativo notarial debe garantizar la ruptura del nexo de comunicación con otros sistemas con los que pueda interconectarse, de forma que se impida el televaciado y la manipulación del núcleo central de los respectivos sistemas de almacenamiento de la información. Consecuentemente, toda emisión, transmisión, comunicación o recepción de información ha de realizarse mediante el Sistema de Información Corporativo conectado, en su caso, con los sistemas que legalmente se contemplen.

En otras palabras, no es irrelevante el medio porque garantiza una seguridad que de otro modo no existiría, constituyendo así objeto esencial del reglamento, que regula “la utilización de medios telemáticos en la remisión de documentación por el prestamista, el intermediario de crédito inmobiliario o representante designado al notario” según establece su artículo 1º y como excepción al principio general de neutralidad tecnológica.

Sentado lo anterior, hay que preguntarse qué plataforma es la apropiada para el intercambio de información entre el Notariado y las entidades prestamistas.

Ya en la fase de proyecto legislativo surgieron voces de origen aparentemente incierto acusando al legislador de conceder un monopolio al notariado, incluso lanzando inquietantes dudas acerca de la estabilidad de ANCERT para el caso de un “hackeo masivo” al que, por otra parte y como otras muchas infraestructuras críticas, siempre estamos expuestos y correlativamente prevenidos.

Estas posturas, en su línea de negocio, olvidan interesadamente cuál es la situación real y hay que obrar con cautela porque no es la primera vez que nos intentan vender uno al precio de dos.

El artículo 1º de la Ley del notariado se ocupa de recordar que el Notario es, ante todo, funcionario público y en España hay sólo una sola clase de estos funcionarios, lo que excluye de todo punto tanto plataformas privadas como plataformas independientes, por más que pudieran estar incardinadas en la estructura de un colegio notarial, cuya competencia no puede extenderse más allá de sus fronteras naturales.

El concepto que recoge el artículo 1º de la Ley del notariado es clave en cualquier acercamiento a la posición del notario en su relación con otros agentes del tráfico jurídico. La plataforma de interconexión de los notarios, entre sí y respecto de terceros, sólo puede ser una: la prevista en la Ley 24/2001, siempre desde el respeto a la organización interna de cada entidad pública o privada, que en uso de su autonomía y dentro de un libre mercado, sea elegida por aquellos para la prestación de servicios en su respectiva esfera.

Por ello resulta lógica la resolución en consulta dictada por la DGRN de 14 de mayo de 2019, que interpreta la LCCI y su reglamento y de la que resulta que una plataforma organizada por el prestamista en cuanto pueda afectar a la libre elección, coloca bajo la sombra de sospecha todas las operaciones que la entidad formalice.

Queda muy claro que la remisión es “desplazamiento de información” de modo que la remitida por el banco ha de quedar en la plataforma del notario y ser inalterable por el remitente. Asimismo “todas las comunicaciones previstas (…) deben obligatoriamente realizarse por el canal previsto en la ley 24/2001 de 27 de diciembre”, esto es, la plataforma telemática del notariado, con fundamento en la función pública que la Ley atribuye al notario, conectada con el Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Respecto de la plataforma del banco, intermediario financiero o representante del mismo, aclara que puede ser un gestor, en sentido amplio, siempre que se acredite la representación conforme a las reglas generales de la representación mercantil. Pero lo que en ningún caso hace la LCCI es habilitar en blanco o en abstracto para que se pueda interponer una plataforma de intercambio de información producida por la aplicación de la norma. De permitirlo se vaciarían de contenido de buena parte de las exigencias, responsabilidades y garantías que establece la propia ley.

Indudablemente cada entidad prestamista dispondrá de la mayor autonomía para organizar internamente el cumplimiento de sus obligaciones, con sus propios medios o externalizando las labores materiales que precisen el cumplimiento de sus obligaciones, pero será la propia entidad, en nombre propio o por medio de representantes voluntarios, quien las llevará a cabo formalmente en su nombre y a ella se imputarán directamente sus resultados.

Cobra así pleno fundamento que, según la circular de obligado cumplimiento, antes citada, el intermediario o el representante no puedan “exigir al notario que se incorpore en una plataforma privada”; que el notario no pueda realizar comunicaciones al margen de la plataforma SIGNO conforme a la Ley 24/2001; y que no pueda remitir testimonios o copias del acta fuera del ámbito de la plataforma notarial.

Y es que la resolución en consulta de la DGRN considera las comunicaciones del notario a la plataforma como testimonios o copias parciales del acta, siendo la primera vez que el notario, en el ejercicio de la función pública, tiene reconocida la posibilidad de remitir copias electrónicas autorizadas a utilidad un destinatario privado, como es la entidad bancaria.

En suma y concluyendo, el notario es, a la vez, un funcionario público y un profesional del Derecho, obedeciendo a éste doble carácter la especial organización del notariado, pero es evidente que en dichas características subyace un objetivo de interés público, como es el principio de seguridad jurídica preventiva. No estamos en asuntos comerciales sino que la plataforma de interconexión prevista en la LCCI es un elemento al servicio de una función pública y de un interés superior en el que no deben admitirse negocios privados, injerencias externas ni chiringuitos hipotecarios.

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ASPECTOS PRINCIPALES DE LA NUEVA INSTRUCCIÓN DE LA DGRN SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL

  Reproducimos a continuación un interesante estudio publicado en la web “Noticias Jurídicas” sobre la nueva obligación de inscripción de determinados profesionales en el Registro Mercantil.

Atentamente:

Jaime Cuesta López, notario de Sueca

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha emitido una Instrucción, publicada en el BOE de hoy, 4 de septiembre de 2019, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En ella, además del contenido y la forma de la declaración de alta como proveedor de servicios, o bien de baja cuando se haya cesado en la prestación de los mismos, se hace referencia a los plazos otorgados para su ejecución.

Plazos

En este sentido tenga en cuenta que si ha venido prestando los servicios a terceros indicados en 2.1.o) de la ley 10/2010, de 28 de abril durante el ejercicio 2019 o con anterioridad dispondrá hasta el 31 de diciembre, a partir de hoy, para darse de alta como prestador

El plazo para realizar la declaración también se inicia hoy, 4 de septiembre de 2019, tan pronto como esté en funcionamiento la aplicación informática en la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Recuerde que el alta como prestador de servicios a terceros es requisito necesario para formular a continuación la declaración anual que prevé la disposición adicional

Forma

En relación con la forma de realizar la declaración, la misma ha de ser telemática. A tal efecto, las características técnicas de la declaración serán las siguientes:

1. Se debe emplear de forma obligatoria y exclusiva la plataforma que, de acuerdo con la Ley 24/2001, utilizan todos los Registros de la Propiedad y Mercantiles para el ejercicio de la función pública registral. Esa plataforma es la red privada telemática o portal exclusivo de la que es titular el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, en cuyo portal quedará instalada la aplicación para realizar la declaración de alta o de baja de las personas físicas profesionales.

2. La persona que realiza la declaración deberá quedar suficientemente identificada. En consecuencia, la misma se deberá realizar empleando un sistema de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basado en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación», tal como exige el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contenido

Por lo que se refiere al contenido de la declaración, deberá esta comprender, debidamente parametrizados en los campos correspondientes, únicamente los datos esenciales para la identificación de la persona física, prestadora de servicios. Así, los datos que deberán aparecer en el formulario electrónico son exclusivamente los siguientes:

Campos de cumplimentación obligatoria:

– Registro Mercantil en el que, por corresponderse con su domicilio profesional, debe practicarse la inscripción.
– Tipo de documento de identidad (con dos alternativas: DNI, NIE).
– Número del documento de identidad (campo cuya coherencia interna, número letra, será objeto de control por el sistema).
– Nombre (campo de texto libre).
– Apellido/s (campo de texto libre).
– Nacionalidad (campo con elección dentro de un menú desplegable).
– Fecha de nacimiento (campo estructurado: dd/mm/aaaa).
– Domicilio Profesional (con los campos correspondientes al tipo de vía, nombre de la vía, número, bloque, escalera, planta, letra, código postal, municipio, provincia, país).
– Pertenencia, como colegiado, a un Colegio Profesional (campo con dos alternativas: Sí/No).
– Colegio Profesional (campo de texto libre).
– Número de Colegiado (campo de texto libre).
(Estos dos últimos campos, aparecerán, y serán de obligatoria cumplimentación, únicamente si la respuesta a la anterior pregunta ha sido Sí).
Campos de cumplimentación voluntaria:
– Número de teléfono (campo de texto libre).
– Dirección de correo electrónico (campo de texto libre).
– Admite notificación electrónica (campo con dos alternativas: Sí/No).
– Domicilio para notificaciones, en el supuesto de que se quiera indicar uno diferente del domicilio profesional, con estructura análoga al domicilio profesional.
– Observaciones (campo de texto libre).

Texto de la declaración

La declaración, una vez cumplimentados los anteriores campos, irá seguida de un texto redactado en los siguientes términos:

“Que en los términos previstos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, declara bajo su responsabilidad prestar o haber prestado alguno de los siguientes servicios por cuenta de terceros: Constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

En consecuencia, solicita la inscripción en el Registro Mercantil, en su concepto de prestador de servicios a sociedades y fideicomisos, de conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional única de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.

Firma

El documento, conteniendo la declaración anterior y todos los datos cumplimentados, sería objeto de firma electrónica por el declarante, la cual le asignará la fecha en que se realiza la declaración al Registro, quedando automática e inmediatamente presentada la declaración. Tras ello, se practicará su inscripción con el mayor automatismo que sea posible, y en todo caso dentro del plazo de cinco días hábiles.

Una vez practicada la inscripción, el sistema devolverá al declarante un documento, firmado electrónicamente por el mismo sistema, que identifique la práctica de aquella, su fecha y sus datos registrales.

Baja

En cuanto al cese o baja bastará con cumplimentar, con carácter obligatorio, los campos conteniendo los datos relativos a los datos registrales de la inscripción del alta, nombre y apellidos del declarante y documento de identidad, así como la fecha a partir de la cual se ha cesado en la prestación de dichos servicios.

A ello será posible agregar un domicilio para notificaciones, físico o electrónico si se admite la notificación electrónica.

El documento contendrá una declaración en los siguientes términos:

-Expone: Que se dio de alta en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos.

-Manifiesta: Que desde la fecha comunicada en la presente declaración, ha dejado de desarrollar todas y cada una de las actividades que motivaron la solicitud de alta en su día.

-Solicita: La baja en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos.

En cualquier caso, tenga en cuenta que tal y como dice la propia Instrucción la declaración de realización de alguna o algunas de las citadas actividades constituyen el simple cumplimiento de una obligación legal, por lo que no será objeto propiamente de calificación, sino simplemente de la constatación del cumplimiento de los deberes formales, de la integridad de la declaración y de la legitimación del declarante.

En cualquier caso, tenga en cuenta que tal y como dice la propia Instrucción la declaración de realización de alguna o algunas de las citadas actividades constituyen el simple cumplimiento de una obligación legal, por lo que no será objeto propiamente de calificación, sino simplemente de la constatación del cumplimiento de los deberes formales, de la integridad de la declaración y de la legitimación del declarante.

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PRIMERA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE BITCOINS. NO ES DINERO LEGAL SINO UN ACTIVO PATRIMONIAL INMATERIAL

Me detengo hoy en una cuestión de innegable actualidad, y lo hago remitiéndome a un estudio muy interesante que publica Ana Belén Guijo Sánchez en la web “economistjurist.es”.

Jaime Cuesta López, notario de Sueca

En la primera Sentencia por un delito de estafa en Bitcoins, el Tribunal Supremo confirma la condena impuesta al administrador único de la entidad Cloudtd Trading & Devs consistente en 2 años de privación de libertad y establece una novedosa jurisprudencia sobre la tan controvertida moneda.

Alegaba la entidad recurrente que no había quedado acreditado que, cuando contrató con los denunciantes, tuviera el propósito de incumplir sus obligaciones  y enriquecerse con los Bitcoins adquiridos. Asimismo, aseguró que había desarrollado un algoritmo para realizar las inversiones necesarias para el cumplimiento de los contratos, algoritmo que había sido testado y producido beneficios con anterioridad, pero que en dichos contratos el algoritmo falló, lo que provocó  la volatilización total de los Bitcoins.

Sin embargo, el tribunal de instancia concluyó que “el comportamiento del acusado fue engañoso” y que su propósito fue desde el principio captatorio.

En relación con la responsabilidad civil por los daños sufridos por los denunciantes, en concreto sobre la restitución del capital invertido en Bitcoins por los mismos, señala el tribunal que los que éstos entregaron al acusado fue un capital en dinero y después el acusado invirtió dicho capital en los Bitcoins, por lo que no es susceptible de retorno, puesto que al no ser un activo material, no tiene la “consideración legal de dinero”.

Así, el tribunal de instancia no pudo acordar la restitución de los Bitcoins, siendo lo adecuado la reparación del daño e indemnización de los perjuicios causados, a través de la indemnización a los denunciantes por el valor de cotización del Bitcoin en fecha de finalización de los respectivos contratos suscritos, todo ello con el correspondiente interés legal, si procediera.

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