Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.

Resumen de la Ley. Aspectos más interesantes.

Fuente: Notarios y Registradores

Este RDLey tiene un contenido muy  variopinto del que destacamos:

1. Impuesto sobre Sociedades: La reforma de su Texto Refundido persigue equiparar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable en este  Impuesto, respecto del existente en el IRPF para el ejercicio 2014, elevándolo  al 21%, frente al 19%. Se reconoce en  la E. de M. que dicha equiparación debía haberse producido a través de la Ley de  Presupuestos, con el objeto de que entrara en vigor el 1 de enero de 2014. Como  se les olvidó extender la situación especial de retenciones al 21% – ya vigente  durante los ejercicios 2012 y 2013- al ejercicio 2014, ahora se considera  necesario desfacer el entuerto, para evitar que las entidades afectadas se vean  obligadas a modificar sus sistemas informáticos, para establecer una distinción  entre las personas físicas y jurídicas, cuestión que resulta muy complicada.

Ejemplo práctico:

– Si el arrendador es sujeto pasivo del  Impuesto sobre Sociedades, el 21% (habría sido el 19%).

– Si el arrendador es  sujeto pasivo del IRPF, el 21%.

            2. Seguridad ferroviaria. Es el contenido  esencial del RDLey. Se modifica la Ley  39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, para dar rango de ley a  aspectos exigidos por la normativa europea. También se da cumplimiento a la  Sentencia de 28 de febrero de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Y se modifica el nombre y las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad  del Transporte Terrestre, que pasa a denominarse Agencia Estatal de Seguridad  Ferroviaria.

3. Seguridad Aérea. Se  modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, con el fin de  regular la prestación patrimonial pública de asignación de franjas horarias que  retribuye al Coordinador y facilitador de franjas horarias, designado por el  Ministerio de Fomento, por los servicios prestados a los gestores aeroportuarios  y a los operadores aéreos.

4. Subvenciones al transporte. Se introducen modificaciones puntuales en el régimen de las subvenciones al  transporte regular de pasajeros residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla para mejorar los  sistemas de control de los recursos públicos destinados a estas bonificaciones.  Se facilita la manera de acreditar el cumplimiento de los requisitos para  acceder a estas subvenciones imponiendo a las compañías aéreas y marítimas la  obligación de integrarse en los sistemas telemáticos para la comprobación de  tales requisitos. Este es el nuevo texto:

«Para ciudadanos españoles, de los Estados miembros de la Unión Europea o  de los demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o  Suiza, el documento acreditativo de su identidad será el documento nacional de identidad o  pasaporte en vigor. En el caso de los familiares de ciudadanos de Estados  miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio  Económico Europeo y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de  larga duración, su identidad se acreditará mediante la tarjeta española de  residencia de familiar de ciudadano de la Unión o de identidad de extranjero en  la que debe constar su condición de residente de larga duración,  respectivamente. Dichos documentos deben encontrarse en vigor.

En el caso de que telemáticamente  se haya constatado que el pasajero cumple las condiciones para ser  beneficiario de la subvención, éste podrá acreditar su identidad en el modo  aéreo a través de los mismos medios que los pasajeros sin derecho a  bonificación. En este caso, el pasajero no tendrá que acreditar su condición de  residente ni en facturación ni en embarque.»

5. Ayudas a la navegación. Se modifica el texto refundido de la Ley de Puertos para diseñar un sistema de  financiación más eficiente, en el que los  usuarios que reciben el servicio de ayudas a la navegación prestado por la  Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) soporten los costes del mismo, en  lugar de los Presupuestos Generales del Estado.

6. Concesiones administrativas.

Se modifica la Ley 8/1972, de 10 de mayo,  de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión,  con el fin de evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de las  expropiaciones.

– El justiprecio de  los terrenos expropiados para la construcción de una autopista estatal de peaje  en régimen de concesión debe ser abonado por la sociedad concesionaria.

– A pesar de este  régimen legal, existen sentencias que obligan al Estado a hacerse cargo de  dichas deudas en caso de impago por la sociedad concesionaria declarada en  concurso de acreedores.

– La reforma que se  propone pretende evitar que si el Estado se encuentra con este tipo de  resoluciones judiciales, acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación,  en beneficio del concesionario. De un lado paga al expropiado, obligado por  resolución judicial, y de otro entrega al concesionario el importe de la  responsabilidad patrimonial.

– Ahora se reconoce al  Estado, como resultado del pago por cuenta de otro, el derecho a subrogarse en  el crédito del expropiado frente al concesionario, procediéndose a minorar el  importe de la responsabilidad patrimonial con la parte del crédito no  reembolsada por la sociedad concesionaria, garantizándose la indemnidad del  Estado frente a los incumplimientos de los concesionarios.

–  La reforma pueda aplicarse respecto de cualesquiera concesiones ya  adjudicadas.

Por las mismas razones, esta medida se va a aplicar al resto de concesiones administrativas,  por lo que, por uniformidad, se complementa el artículo 271 TR Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, se añade un nuevo apartado  7 al artículo 271 en el que se prevé la subrogación de la Administración  concedente en el crédito del expropiado y el correlativo descuento del importe  no reembolsado a las cantidades resultantes de aplicar lo previsto en el  apartado primero del artículo 271 (que recoge una serie de pagos que ha de hacer  la Administración al concesionario en caso de resolución).

7. Vehículo eficiente. Se  presenta el Programa (PIVE-5) que se  enmarcaría en el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020. El  procedimiento de concesión de las subvenciones será establecido conforme a lo  dispuesto en la Ley General de Subvenciones.  Se financia mediante un crédito extraordinario por importe de 175.000.000 de  euros.

Si se sigue la tónica de programas anteriores, las subvenciones se concederán por la adquisición de vehículos nuevos de las categorías M1 y N1, que vaya acompañada  de la baja definitiva en tráfico de otro vehículo, siempre que uno y otro  reúnan los requisitos que se detallen en el real decreto de desarrollo.

8. IVA del arte. La  tributación de las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de  colección, así como de las entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos  de arte, cuando dicha entrega sea efectuada por sus autores o derechohabientes y  empresarios no revendedores con derecho a deducción íntegra del impuesto  soportado, se reduce del 21 al 10 por  ciento.

9. Sueldos concejales. Se  añade la D. Ad. 90ª a la Ley de Presupuestos para 2004, incorporando el límite  máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por  todos los conceptos retributivos y asistencias. La escala va de 100.000 a 40.000  euros, atendiendo a la población. Y en los municipios de menos de 1000  habitantes, de 30.000 a 15.000 euros.

10. Trabajadores autónomos. Se  aproxima el tratamiento en la Seguridad  Social de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los  Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que en algún momento del año 2013 y  de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de  trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez a lo establecido para los  trabajadores incluidos en el Régimen General.  En  concreto, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista  como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1  del Régimen General.

11. Cotización por desempleo. Se reduce en un 1% el tipo de cotización por desempleo para los contratos de duración determinada a  tiempo parcial. Concretamente, será el 8,30 por 100, del que el 6,70 por 100 será a cargo  del empresario y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador.

Entró en vigor el 26 de enero  de 2014.

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