CÁMARAS DE COMERCIO. Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

  Publicamos un amplio resumen de la norma, extraído de la web: NOTARIOS Y REGISTRADORES      

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Esta Ley tiene por objeto:

               – establecer la regulación básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y, en su caso, Navegación,

– el régimen específico de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.

            Naturaleza. Son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que persiguen.

Régimen jurídico. Se regirán por esta Ley y las normas de desarrollo que se dicten por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Con carácter supletorio, se aplicará la legislación referente a la estructura y funcionamiento de las Administraciones Públicas en cuanto sea conforme con su naturaleza y finalidades.

La contratación y el régimen patrimonial se regirán conforme al derecho privado.

            Finalidad. Tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye esta Ley y las que les puedan ser asignadas por las Administraciones Públicas.

Reserva de denominación. Sólo las entidades reguladas en esta Ley, ninguna persona podrá utilizar los términos de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o Cámara de Comercio, ni ningún otro que incluya los anteriores como parte de una denominación o similares, sin perjuicio de las creadas o promovidas por voluntad de las propias Cámaras españolas o extranjeras.

Funciones. Citemos sólo algunas:

            a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil.

b) Certificar acerca de las costumbres y usos mercantiles.

c) Asesorar a las Administraciones Públicas.

d) Apoyar el comercio exterior.

e) Participar en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de Formación Profesional y en las acciones e iniciativas formativas de la Formación Profesional Dual.

f) Pueden tramitar programas públicos de ayudas a las empresas o gestionar servicios públicos relacionados con ellas.

g) Gestionar un censo público de todas las empresas y sus establecimientos radicados en su demarcación.

h) Servir de ventanillas únicas empresariales:

i) Podrán participar en la gestión de Fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad en las empresas.

j) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.

k) Informar los proyectos de normas emanados de las Comunidades Autónomas que afecten a su campo.

l) Cualquier otra función que las Comunidades Autónomas consideren necesaria.

m) Otras actividades, que tendrán carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia, que contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación

n) Difundir e impartir formación en relación con la organización y gestión de la empresa;

ñ) Prestar servicios de certificación y homologación de las empresas y crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de subproductos, de subcontratación y de residuos, así como lonjas de contratación.

o) Desempeñar actividades de mediación, así como de arbitraje mercantil, nacional e internacional.

            Ámbito territorial. Podrán ser de ámbito autonómico, provincial y local y, en su caso, Consejos de Cámaras y coexistir Cámaras de distinto ámbito territorial debiendo de existir, al menos, una por provincia. La administración tutelante regulará los supuestos y el procedimiento para la creación, integración, fusión, disolución, liquidación y destino del patrimonio de las Cámaras y de los Consejos de Cámaras.

Adscripción. Las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras en territorio nacional formarán parte de las Cámaras dentro de cuya circunscripción tengan establecimientos, delegaciones o agencias, sin que de ello se desprenda obligación económica alguna ni ningún tipo de carga administrativa, procediéndose a la adscripción de oficio.

En general, se considerarán actividades incluidas todas las relacionadas con el tráfico mercantil, salvo las excluidas expresamente por esta Ley o por la legislación sectorial específica.

En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de carácter primario y los servicios de mediadores de seguros y reaseguros privados que sean prestados por personas físicas así como los correspondientes a profesiones liberales.

            Censo público. Las Cámaras elaborarán un censo público de empresas del que formarán parte las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios y navieras en territorio nacional

Organización. Los órganos de gobierno de las Cámaras son el pleno, el comité ejecutivo y el presidente. Además contarán con un secretario general, personal directivo y el personal laboral necesario.

               – El pleno es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara, que estará compuesto por un número no inferior a 10 ni superior a 60 vocales, cuyo mandato durará cuatro años.

– El comité ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara y estará formado por el presidente, vicepresidentes, el tesorero y los miembros del pleno que se determinen.

– El presidente, que será elegido por el pleno, ostentará la representación de la Cámara y la presidencia de todos sus órganos colegiados, siendo responsable de la ejecución de sus acuerdos.

– El secretario general deberá ser licenciado o titulado de grado superior y estará sometido al régimen de contratación laboral. Lo nombrará el pleno previa convocatoria pública de la vacante. Ha de velar por la legalidad de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno. También puede designarse un Director Gerente.

            Reglamento de Régimen Interior. Cada Cámara tendrá su propio Reglamento de Régimen Interior, que será propuesto por el pleno y aprobado por la administración tutelante en el que constarán, entre otros extremos, la estructura del pleno, sus funciones, el número y forma de elección de los miembros del comité ejecutivo y las normas de funcionamiento de sus órganos de gobierno.

Asimismo, las Cámaras deberán elaborar un Código de Buenas Prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones público-administrativas.

Régimen electoral. El censo electoral de las Cámaras estará constituido por la totalidad de las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras no excluidas. Los integrantes del censo electoral tendrán derecho de voto para la elección de los órganos de gobierno de las Cámaras dentro de cuya circunscripción tengan establecimientos, delegaciones o agencias.

El Ministerio de Economía y Competitividad determinará la apertura del proceso electoral, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, correspondiendo a la respectiva administración tutelante la convocatoria de elecciones, cada cuatro años.

Régimen económico. Entre los ingresos de las Cámaras se encuentran:

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que presten.

c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.

f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico.

            Aunque se haya suprimido el recurso cameral permanente, siguen siendo exigibles las cuotas no prescritas, devengadas con arreglo a la norma que se deroga.

La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización de la administración tutelante cuando se trate de bienes inmuebles.

Tutela. Las Cámaras están sujetas en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración General del Estado o de las respectivas Comunidades Autónomas, en el caso de que éstas hubieran asumido estatutariamente las competencias correspondientes.

La función de tutela comprende el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión y disolución.

La Administración General del Estado ejercerá la tutela sobre las actividades de las Cámaras de interés general relativas al comercio exterior

Presupuestos. Las Cámaras elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la administración tutelante, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos y de las liquidaciones tipo. Deberá de acompañarse un informe de auditoría de cuentas.

Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo, se depositarán en el registro mercantil correspondiente a la localidad en la que la Cámara tenga su sede y serán objeto de publicidad por las Cámaras.

            Recursos. Las resoluciones de las Cámaras, dictadas en ejercicio de sus funciones público-administrativas, así como las que afecten a su régimen electoral, serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previo recurso administrativo formulado ante la administración tutelante.

Las actuaciones de las Cámaras en otros ámbitos y, especialmente, las de carácter mercantil, civil y laboral se dilucidarán ante los Juzgados y Tribunales competentes.

            Suspensión y disolución. La administración tutelante podrá suspender la actividad de los órganos de gobierno de las Cámaras hasta por tres meses, en el caso de que se produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico vigente que, por su gravedad o reiteración, hagan aconsejable esta medida, así como en los supuestos de imposibilidad de funcionamiento normal de aquéllos.

Si, transcurrido el plazo de suspensión, subsistiesen las razones que dieron lugar a la misma, se procederá, dentro del plazo de un mes, a la disolución de los órganos de gobierno de las Cámaras así como a la convocatoria de nuevas elecciones. En caso de no ser posible, la administración de tutela podrá acordar su extinción adscribiéndose su patrimonio, previa liquidación, a la administración tutelante.

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Trata de ella, de manera específica, el Capítulo V, recogiendo algunas especialidades respecto a lo indicado en el resto de capítulos atendiendo a su ámbito territorial general.

– Su finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades.

– Estará integrada por representantes de las Cámaras de Comercio de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las grandes empresas de mayor contribución, las organizaciones empresariales y de autónomos, los Ministerios por razón de la competencia y las Federaciones de las Cámaras Oficiales españolas en el extranjero, y será el organismo de representación, relación y coordinación de las mismas.

               – El art. 21 determina sus funciones y los siguientes artículos el Plan Cameral de Internacionalización y el Plan Cameral de Competitividad.

– Sus órganos de gobierno y administración son también el pleno, el comité ejecutivo y el presidente. Tendrá un secretario general y podrá designar un Director Gerente.

– La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización del Ministerio de Economía y Competitividad cuando se trate de bienes inmuebles.

               – La función de tutela sobre esta corporación corresponderá a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Economía y Competitividad.

Se subrogará en todos los derechos y obligaciones, de cualquier naturaleza, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y será titular de todos los bienes que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley tenga adscritos o pertenezcan al referido Consejo.

            Disposiciones transitorias.

               – Las Comunidades Autónomas deberán adaptar el contenido de su normativa en esta materia a lo dispuesto en esta Ley antes del 31 de enero de 2015.

– Las Cámaras adaptarán sus actuales reglamentos de régimen interior al contenido de esta Ley en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de las leyes autonómicas de adaptación.

– La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España a partir del actual Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, deberá constituirse antes del 31 de enero de 2015

– Los actuales cargos continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se constituyan los nuevos órganos de gobierno tras la finalización del correspondiente proceso electoral conforme a la nueva normativa.

            Disposición derogatoria. Se deroga la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y sus sucesivas modificaciones.

Sin embargo, mantiene su vigencia el Reglamento General de Cámaras de 1974, salvo en lo que se refiere al recurso cameral permanente, en cuanto no se oponga a esta Ley y hasta tanto se dicten las normas reglamentarias sustitutorias.

Entró en vigor el 3 de abril de 2014.

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